Proyecto de ley: Establece la garantía constitucional del derecho a la libertad sexual y reproductiva

Boletín N° 4.277-07

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Girardi, Gómez, Muñoz Barra, Navarro y Ominami, que establece la garantía constitucional del derecho a la libertad sexual y reproductiva.

 

 

CONSIDERANDOS

La protección de la vida del que está por nacer forma parte de la garantía constitucional del derecho a la vida consagrado en el art. 19 N°1 de la Constitución. Sin embargo el tema del comienzo de la vida nunca ha sido un tema pacífico ni en la ciencia ni a nivel de los tratadistas del derecho; es así como “mientras en Mezger-Blei se fija el comienzo de la calidad de feto en el momento en que el huevo femenino es fecundado por el semen, Maurach, Welzel y Antolisei fijan ese momento en la anidación del huevo fecundado en el útero.” (Juan Bustos, Derecho Penal Chileno, parte especial, pág. 142). Por descontado está señalar que nuestro derecho ni ha abordado el tema ni menos ha resuelto el tema.

Nuestra legislación civil no contempla un estatuto jurídico de protección del embrión ni tampoco respecto de las técnicas de manipulación génica aplicadas sobre el producto de la concepción. Tan sólo a nivel de la doctrina penal sobre la vida en gestación y el aborto se ha estimado que “la especial labilidad del huevo no implantado, que con mucha frecuencia por razones puramente metabólicas o naturales no está en condiciones de anidarse, justifica la opinión mayoritaria de excluirlo como objeto de tutela de! aborto.” (Juan Bustos, Derecho Penal Chileno, parte especial, pág. 143), aun cuando el tema no está ni cercanamente resuelto.

Solamente, desde el punto de vista del derecho civil y para efectos patrimoniales -esto es para diferir los derechos del futuro ser humano-persona- se ha establecido que la vida del que está por nacer comienza con la concepción, calculada arbitrariamente por medio de una ficción legal que establece que de la época del nacimiento se colige el de la concepción, presumiéndose de derecho que ésta ha precedido al nacimiento no menos de 180 ni más de 300 días contados hacia atrás desde el día del nacimiento, (art.76 C° Civil).

Lógicamente esta regla no resuelve el problema del momento del inicio de la vida, ni ha pretendido hacerlo, aunque sirva para efectos patrimoniales.

Finalmente, la Constitución Política de la República tan sólo se limita a señalar en su art. 19 N°1 que la constitución asegura a “todas las personas” el derecho a la vida y que “La ley protege la vida del que está por nacer” (art. 19 N°1 inciso 2° y art. 75 C° Civil)

Desde el punto de vista científico-médico, se han adoptado diversas políticas de salud pública de planificación familiar y prevención del embarazo, a la luz de la información científica disponible sanitarias, en cuyo marco se ha aprobado la comercialización del producto farmacéutico levonorgestrel conocido como “pastilla del día después”, progestágeno (hormona) con propiedades anticonceptivas, es decir, un fármaco que puede artificialmente impedir un embarazo.

La autoridad sanitaria ha concluido que por medio de la implementación de este método anticonceptivo se previene el embarazo en las siguientes situaciones:

- Casos de Violación.
- Uso incorrecto de métodos anticonceptivos tradicionales.
- Relación sexual no planificada.

Ante estas situaciones la mujer que estime encontrarse en una situación de riesgo de un embarazo no deseado puede recurrir a esta pastilla, dentro de las 72 horas siguientes al coito y así evitar el embarazo. Los datos científicos señalan también que luego de este tiempo o una vez comprobado el embarazo, la pastilla no surte efecto.

Finalmente, hay que agregar que el principio activo levonorgestrel se encuentra registrado y autorizado para su venta y comercialización en nuestro país, bajo 56 productos diferentes a disposición de cualquier persona en el mercado.

Sin embargo, y a pesar de toda la evidencia científica existente la utilización de este fármaco ha sido resistido por ciertos sectores conservadores de la sociedad chilena quienes han recurrido a los tribunales de justicia para impedir su comercialización y utilización. Lamentablemente nuestros tribunales sin entrar a un análisis de fondo, propio de un juicio de lato conocimiento, y en el marco de un procedimiento sumarísimo, extraordinario y de carácter cautelar como lo es el recurso de protección han fallado por votación dividida en contra de lo resuelto por la autoridad sanitaria, pasando por alto la discusión científica sobre la materia y sobre todo pasando por sobre la opinión, libertad y autodeterminación de los sujetos a quienes alcanzan los efectos del veredicto judicial: las mujeres chilenas en edad fértil.

Ciertamente que esta situación plantea una cuestión jurídica constitucional de fondo cual es la existencia y vigencia de los derechos de la mujer para decidir autónomamente acerca de sus derechos reproductivos y sexuales. Conforme a la decisión judicial, sería el Estado por medio del Poder Judicial quien decidiría sobre los mecanismos de prevención del embarazo y más genéricamente sobre los derechos sexuales de la mujer.

Una doctrina de esta naturaleza da la espalda al principio y derecho básico y fundamental a la libertad y a la autodeterminación que corresponde a todo individuo perteneciente a una sociedad democrática y pone en tela de juicio la potestad soberana radicada fundamental y primariamente en todos y cada unos de los miembros de la especie humana que la componen.

Observando que el principio de libertad individual no es suficiente en este orden de cosas, es que se hace necesario especificar aún más esta garantía llevándola y aplicándola al plano de los derechos sexuales y reproductivos, con el objeto de dejar en claro que corresponde a las personas y no al Estado la decisión y autodeterminación sobre su ejercicio.

En virtud de ello es que formulamos el presente proyecto de ley con el objeto de introducir una nueva garantía constitucional consistente en garantizar a todas las personas y en particular a la mujer, el derecho a la libertad sexual y reproductiva, estableciendo además que ella comprende la libertad y autoderminación del individuo para determinar y elegir el método anticonceptivo que sea más apropiado de acuerdo a la legislación sanitaria vigente, agregando que al Estado sólo le corresponde cautelar y garantizar el libre ejercicio de este derecho.

Por estas consideraciones es que sometemos a vuestra consideración el siguiente,

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo Único: Introdúcese la siguiente modificación a la Constitución Política de la República.

Agrégase a continuación del numeral 1 del art. 19 un numeral 2 nuevo bajo el siguiente tenor, pasando el actual numeral 2 a ser numero 3 correlacionando en consecuencia los restantes numerales de igual artículo :

“2° EL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

ESTE DERECHO CORRESPONDE ESPECIALMENTE A LA MUJER Y COMPRENDE LA LIBERTAD Y AUTODETERMINACIÓN PARA ELEGIR LOS MÉTODOS CIENTÍFICAMENTE MAS APROPIADOS PARA LA PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO.

AL ESTADO LE CORRESPONDE GARANTIZAR, PROMOVER, INFORMAR Y ORIENTAR ACERCA DEL EJERCICIO DE ESTE DERECHO.”

Guido Girardi
Senador de la República

Boletín N° 4.277-07

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Girardi, Gómez, Muñoz Barra, Navarro y Ominami, que establece la garantía constitucional del derecho a la libertad sexual y reproductiva.

CONSIDERANDOS

La protección de la vida del que está por nacer forma parte de la garantía constitucional del derecho a la vida consagrado en el art. 19 N°1 de la Constitución. Sin embargo el tema del comienzo de la vida nunca ha sido un tema pacífico ni en la ciencia ni a nivel de los tratadistas del derecho; es así como “mientras en Mezger-Blei se fija el comienzo de la calidad de feto en el momento en que el huevo femenino es fecundado por el semen, Maurach, Welzel y Antolisei fijan ese momento en la anidación del huevo fecundado en el útero.” (Juan Bustos, Derecho Penal Chileno, parte especial, pág. 142). Por descontado está señalar que nuestro derecho ni ha abordado el tema ni menos ha resuelto el tema.

Nuestra legislación civil no contempla un estatuto jurídico de protección del embrión ni tampoco respecto de las técnicas de manipulación génica aplicadas sobre el producto de la concepción. Tan sólo a nivel de la doctrina penal sobre la vida en gestación y el aborto se ha estimado que “la especial labilidad del huevo no implantado, que con mucha frecuencia por razones puramente metabólicas o naturales no está en condiciones de anidarse, justifica la opinión mayoritaria de excluirlo como objeto de tutela de! aborto.” (Juan Bustos, Derecho Penal Chileno, parte especial, pág. 143), aun cuando el tema no está ni cercanamente resuelto.

Solamente, desde el punto de vista del derecho civil y para efectos patrimoniales -esto es para diferir los derechos del futuro ser humano-persona- se ha establecido que la vida del que está por nacer comienza con la concepción, calculada arbitrariamente por medio de una ficción legal que establece que de la época del nacimiento se colige el de la concepción, presumiéndose de derecho que ésta ha precedido al nacimiento no menos de 180 ni más de 300 días contados hacia atrás desde el día del nacimiento, (art.76 C° Civil).

Lógicamente esta regla no resuelve el problema del momento del inicio de la vida, ni ha pretendido hacerlo, aunque sirva para efectos patrimoniales.

Finalmente, la Constitución Política de la República tan sólo se limita a señalar en su art. 19 N°1 que la constitución asegura a “todas las personas” el derecho a la vida y que “La ley protege la vida del que está por nacer” (art. 19 N°1 inciso 2° y art. 75 C° Civil)

Desde el punto de vista científico-médico, se han adoptado diversas políticas de salud pública de planificación familiar y prevención del embarazo, a la luz de la información científica disponible sanitarias, en cuyo marco se ha aprobado la comercialización del producto farmacéutico levonorgestrel conocido como “pastilla del día después”, progestágeno (hormona) con propiedades anticonceptivas, es decir, un fármaco que puede artificialmente impedir un embarazo.

La autoridad sanitaria ha concluido que por medio de la implementación de este método anticonceptivo se previene el embarazo en las siguientes situaciones:

- Casos de Violación.
- Uso incorrecto de métodos anticonceptivos tradicionales.
- Relación sexual no planificada.

Ante estas situaciones la mujer que estime encontrarse en una situación de riesgo de un embarazo no deseado puede recurrir a esta pastilla, dentro de las 72 horas siguientes al coito y así evitar el embarazo. Los datos científicos señalan también que luego de este tiempo o una vez comprobado el embarazo, la pastilla no surte efecto.

Finalmente, hay que agregar que el principio activo levonorgestrel se encuentra registrado y autorizado para su venta y comercialización en nuestro país, bajo 56 productos diferentes a disposición de cualquier persona en el mercado.

Sin embargo, y a pesar de toda la evidencia científica existente la utilización de este fármaco ha sido resistido por ciertos sectores conservadores de la sociedad chilena quienes han recurrido a los tribunales de justicia para impedir su comercialización y utilización. Lamentablemente nuestros tribunales sin entrar a un análisis de fondo, propio de un juicio de lato conocimiento, y en el marco de un procedimiento sumarísimo, extraordinario y de carácter cautelar como lo es el recurso de protección han fallado por votación dividida en contra de lo resuelto por la autoridad sanitaria, pasando por alto la discusión científica sobre la materia y sobre todo pasando por sobre la opinión, libertad y autodeterminación de los sujetos a quienes alcanzan los efectos del veredicto judicial: las mujeres chilenas en edad fértil.

Ciertamente que esta situación plantea una cuestión jurídica constitucional de fondo cual es la existencia y vigencia de los derechos de la mujer para decidir autónomamente acerca de sus derechos reproductivos y sexuales. Conforme a la decisión judicial, sería el Estado por medio del Poder Judicial quien decidiría sobre los mecanismos de prevención del embarazo y más genéricamente sobre los derechos sexuales de la mujer.

Una doctrina de esta naturaleza da la espalda al principio y derecho básico y fundamental a la libertad y a la autodeterminación que corresponde a todo individuo perteneciente a una sociedad democrática y pone en tela de juicio la potestad soberana radicada fundamental y primariamente en todos y cada unos de los miembros de la especie humana que la componen.

Observando que el principio de libertad individual no es suficiente en este orden de cosas, es que se hace necesario especificar aún más esta garantía llevándola y aplicándola al plano de los derechos sexuales y reproductivos, con el objeto de dejar en claro que corresponde a las personas y no al Estado la decisión y autodeterminación sobre su ejercicio.

En virtud de ello es que formulamos el presente proyecto de ley con el objeto de introducir una nueva garantía constitucional consistente en garantizar a todas las personas y en particular a la mujer, el derecho a la libertad sexual y reproductiva, estableciendo además que ella comprende la libertad y autoderminación del individuo para determinar y elegir el método anticonceptivo que sea más apropiado de acuerdo a la legislación sanitaria vigente, agregando que al Estado sólo le corresponde cautelar y garantizar el libre ejercicio de este derecho.

Por estas consideraciones es que sometemos a vuestra consideración el siguiente,

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo Único: Introdúcese la siguiente modificación a la Constitución Política de la República.

Agrégase a continuación del numeral 1 del art. 19 un numeral 2 nuevo bajo el siguiente tenor, pasando el actual numeral 2 a ser numero 3 correlacionando en consecuencia los restantes numerales de igual artículo :

“2° EL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

ESTE DERECHO CORRESPONDE ESPECIALMENTE A LA MUJER Y COMPRENDE LA LIBERTAD Y AUTODETERMINACIÓN PARA ELEGIR LOS MÉTODOS CIENTÍFICAMENTE MAS APROPIADOS PARA LA PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO.

AL ESTADO LE CORRESPONDE GARANTIZAR, PROMOVER, INFORMAR Y ORIENTAR ACERCA DEL EJERCICIO DE ESTE DERECHO.”

Guido Girardi
Senador de la República

 


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daniel

“A Daniel no lo mataron por ser gay.”

“Una verdad dolorosa e incómoda,

pero es una verdad.”

Rodrigo Fluxá “Solos en la noche”

Periodista del Mercurio

 

 

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